Las recientes reformas a los artículos tercero y 73º
constitucionales, no establecen más lineamientos para el proceso de
educación básica que los que ya existían en la fracción II del primero
de ellos. No elevan a nivel constitucional al sistema de planeación
educativa como condición indispensable para la determinación de las
prioridades y la asignación de recursos; pero sí al sistema nacional de
evaluación educativa y, de manera asombrosa y a contracorriente de la
técnica jurídica, al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, INEE, y su forma de integración.
Que se trata de reformas de naturaleza política y no de interés
educativo, se patentiza en el hecho de que vienen a establecer incluso
la forma de elección de la Junta de Gobierno de esa institución. Los
cinco miembros de ese órgano serán designados por una mayoría calificada
del Senado a partir de las ternas presentadas por el jefe del
Ejecutivo. Pero si esa Cámara no resolviere en el plazo de treinta días,
el Ejecutivo podrá designar los integrantes de la Junta. Igualmente, si
el Senado (o la Comisión Permanente en periodos de receso legislativo)
rechazare una terna, el Ejecutivo presentará una segunda; y si ésta
también fuere rechazada, el Ejecutivo podrá hacer directamente la
designación del miembro o miembros de la Junta que estén vacantes.
Bastará así, que el Ejecutivo envíe sus ternas con elementos polémicos o
impresentables para que sean rechazados o no alcancen el consenso
requerido y poder así hacer la designación directa de los miembros de la
Junta de Gobierno de la institución evaluadora. Este mecanismo de
restitución del presidencialismo fuerte -entre otros en curso y por
venir- es el resultado neto del cacareado Pacto por México como acuerdo
cupular entre el gobierno y las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD.
Adicionalmente, la fracción III del artículo tercero habla de
establecer en la ley reglamentaria “los criterios, los términos y
condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción,
el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la
educación”, haciendo depender la permanencia de los maestros en el
empleo de los resultados de la evaluación. Pero tratándose esta última
de un proceso unilateralmente administrado por el INEE, supuestamente
autónomo pero en realidad como virtual órgano del Ejecutivo -pues todos
los integrantes de su Junta de Gobierno pasarán por la propuesta o
designación directa que éste haga-, la institución se convierte en un
órgano de control político sobre el magisterio. Aprobar la “evaluación”
es ahora, pues, el requisito para la conservación de la plaza.
Se somete así a los maestros de nivel básico, medio superior, técnico
y politécnico, por su naturaleza de servidores públicos, a un nuevo
régimen laboral no contemplado en el apartado B del artículo 123
constitucional, y que los asimila en la práctica a los del apartado A,
es decir, del sector privado, donde el empleador puede evaluar
constantemente el desempeño y productividad de sus trabajadores y -sobre
todo con la reciente Reforma Laboral- proceder con facilidad al despido
si no cumplen con sus requerimientos y expectativas. En cambio, no se
otorga a los maestros las prerrogativas de los trabajadores encuadrados
en este apartado, el A, como el derecho a la huelga y a la contratación
colectiva. Lo que puede hacer que los recursos de amparo contra la
reforma puedan proceder -y están procediendo- es precisamente este
aspecto de ambigüedad en que se colocará a los profesores, desde el
derecho laboral.
Los maestros movilizados de Guerrero y Oaxaca han dicho repetidamente
que no se oponen en sí a la evaluación, sino a la evaluación
estandarizada que los organismos de carácter nacional aplican, esto es, a
que se evalúe con los mismos criterios a los profesores rurales de la
sierra oaxaqueña que a los de las zonas urbanas de Baja California,
Aguascalientes o el Distrito Federal, por poner algunos ejemplos. En
este sentido, la reforma de Peña Nieto y Chuayffet es también regresiva
contra la descentralización educativa operada desde los años noventa.
Acorde con ésta, deberían ser las entidades las que establecieran,
dentro de un sistema de coordinación nacional, los criterios y
procedimientos para la evaluación. Ese es el núcleo de la demanda de los
maestros guerrerenses a los poderes estatales de expedir una norma
propia en materia educativa. ¿Para qué se procedió en las décadas
anteriores a la descentralización si ahora la evaluación se va a
realizar de manera centralista y homogénea?
El maestro es, antes que nada, el agente del Estado en el proceso
educativo, agente a su vez generado por el mismo Estado a través de sus
instituciones, las escuelas Normales. Siempre se concibió así. El
responsable del proceso no es meramente el maestro -por más que su
esfuerzo sea en muchos sentidos decisivo, como puede sin dificultad
demostrarse-, sino el sistema en su conjunto, administrado por el
Estado. Y la evaluación, sin duda necesaria, debe abarcar el conjunto
del sistema, incluyendo, además de los aspectos pedagógicos y de
formación de los maestros, la planeación, presupuestación, asignación de
los recursos, etc.
Pero el maestro es también, de manera natural, un organizador de las
comunidades. Lo ha sido en un doble sentido, desde el punto de vista
político: en favor del régimen (de ahí el enorme poder del SNTE y de sus
líderes, de los cuales Gordillo ha sido sólo la última, no la única) o
para canalizar la inconformidad social, lo que se aprecia en el apoyo de
las comunidades y padres de familias a sus movilizaciones. Lo saben los
maestros y también los gobernantes. Por eso urge a estos apretar más el
cincho del control corporativo y afinar la espada de Damocles sobre los
disidentes mediante la conocida fórmula de premios o castigos. Pero el
proceso educativo no es, no debe ser para eso.
Fuente: Cambio de Michoacán.
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